En el Tribunal, las versiones que circulan entre pasillos son más escandalosas que cualquier resolución que hayan emitido. Se comenta —y fuerte— que los nuevos magistrados habrían convertido la institución en una agencia de colocaciones familiares. Según trabajadores inconformes, la presidenta habría incorporado al esposo, a una hija fruto de otra relación y hasta al padre de esa misma, presuntamente para “regularizar” la falta de pensión. A eso se suma que también habría ingresado a su cuñada, todos en puestos de secretaría de sala, espacios clave y bien pagados. Todo, por supuesto, manejado con un sigilo que ya no engaña a nadie.
Pero el tema no termina ahí. También señalan a la magistrada Campos, quien asumiría la presidencia en el tercer periodo, de haber colocado a su hija en la sala de Hortensia, igualmente como secretaria de sala. Y el caso se repite: en la sala de Vences, la esposa de Gerardo Acosta —otro actor relevante del tribunal— también habría sido incorporada. Es un patrón que se repite con precisión quirúrgica: apellidos que se heredan como si el tribunal fuera patrimonio particular, no una institución del Estado.
Mientras afuera se habla de austeridad, transparencia y combate a la corrupción, adentro parece que opera la vieja fórmula. Hay un dicho que dice: “hay que ser marranos… pero no trompudos”.
El mensaje que envían es claro y brutal: aquí no importa la carrera judicial, importa la sangre. Y si este es el comportamiento de quienes deberían garantizar imparcialidad, ¿qué esperanza le queda a los ciudadanos cuando sus conflictos lleguen a esas manos?