Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum dio por cerrado el caso de la tragedia por el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez en 2023, el extitular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, deberá comparecer este 1 de septiembre ante un juez federal en una audiencia en la que las víctimas buscarán revocar la suspensión condicional de su proceso.
Mientras que el objetivo de la diligencia es obligarlo a enfrentar un juicio oral por la muerte de 40 migrantes y las graves lesiones a 27 más, el exfuncionario se mantiene en la nómina federal cobijado por la actual administración: percibe un sueldo bruto mensual de 162 mil 888 pesos como director de Centros de Formación para el Trabajo de la SEP, según datos del portal BuenGobierno.
El 21 de enero de 2026, Sheinbaum justificó su nombramiento: “Él (Garduño) viene desde hace mucho tiempo trabajando (con la 4T). Es doctor en Derecho, no es un perfil cualquiera. Él siguió un proceso y salió en libertad, no está bajo proceso de ningún tipo (…) no tiene ya ningún proceso jurídico. Y con Mario (Delgado) se tomó esa decisión”.
Pero eso no es verdad, aclaró el abogado Marcos Zavala, asesor jurídico de la organización Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) y representante pro-bono de 19 víctimas (10 sobrevivientes y nueve núcleos de fallecidos) de Honduras, El Salvador, Guatemala y Venezuela.
Aseguró que se tienen las pruebas para ganarle la batalla en juzgados, en las que destacan tres amparos en revisión que impiden el cierre del expediente.
En entrevista, afirmó que Garduño incumplió las medidas que impuso el juez Víctor Manlio Hernández Calderón para otorgarle la suspensión condicional del proceso por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, además de que las víctimas que él representa se negaron por unanimidad a aceptar las disculpas públicas que fue obligado a ofrecer.
Para frenar el carpetazo y evitar que “salga por la puerta trasera” mediante un mecanismo ideado para delitos menores, la defensa victimal demostrará que él no ha desembolsado un solo peso de su patrimonio para resarcir el daño, sino que pretendió validar como «cumplimiento individual» los pagos por 246 millones de pesos que cubrió el Estado mexicano con fondos del erario a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
DHIA –organización de la sociedad civil especializada en la defensa de derechos humanos y acompañamiento a personas en movilidad- también exhibirá en la audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Juárez una serie de amparos en revisión vigentes en tribunales colegiados de circuito -entre ellos los expedientes 803/2023 y 955/2023-.
Mientras los magistrados no resuelvan el fondo de estos, el juez Hernández Calderón está impedido a decretar la absolución del exdirector del INM, comentó Zavala.
En los amparos se impugna la deficiente actuación tanto de la Fiscalía General de la República (FGR) -por procesarlo únicamente por un delito administrativo (ejercicio ilícito del servicio público) y no por homicidio y lesiones-, como de los jueces de control -por una mala vnculación a proceso- y de la CEAV, “misma que actuó como comisión de atención a imputados”, ironizó.
También se objeta el incumplimiento de las medidas de atención médica y rehabilitación a las víctimas, pues resultó imposible que los sobrevivientes con severos daños pulmonares, neuronales y quemaduras de por vida que radican en sus países de origen fueran atendidos en el IMSS.
“Debieron recibir atención médica, psicológica y rehabilitación en sus países, porque iba a resultar totalmente costoso traer en avión a las 27 personas lesionadas o a los núcleos de las víctimas fallecidas que viven en condiciones de desigualdad estructural, entonces esta cláusula por sí misma resultaría totalmente incumplida”.
El abogado Zavala denunció que tanto la FGR como la CEAV y la CNDH actuaron alineadas a los intereses del imputado en lugar de defender a las víctimas. Explicó que las instituciones pretendieron dar por cumplida la reparación mediante trámites burocráticos y coberturas del dinero público, mientras nueve subordinados de menor rango sí permanecen en prisión preventiva.
Se prevé que, en la audiencia de este martes, los sobrevivientes y cónsules centroamericanos de Honduras, El Salvador y Guatemala acompañarán la diligencia para exigir justicia en condiciones de igualdad procesal.
La Aurora de México
JRZ