El secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció formalmente la incorporación de Colombia al «Escudo de las Américas». El anuncio se consolidó durante una cumbre hemisférica en Ciudad de Panamá, donde se confirmó que el país suramericano se convierte en el miembro número 19 de la Coalición de las Américas contra los Cárteles (A3C), la principal herramienta operativa contra el narcotráfico de la administración de Donald Trump.
El anuncio marca el fin definitivo de la política exterior del expresidente Gustavo Petro y alinea por completo a Bogotá con los intereses de Washington. Según declaraciones de Hegseth, el recién posesionado mandatario colombiano, Abelardo de la Espriella, otorgó una autorización sin precedentes para que el Departamento de Guerra de EE. UU. ejecute operativos militares conjuntos directamente en suelo colombiano con el objetivo de desmantelar estructuras narcoterroristas.
Para respaldar esta nueva ofensiva bilateral, la Casa Blanca evalúa un paquete de asistencia en seguridad para Colombia estimado en 1,000 millones de dólares. Asimismo, se detalló que la ciudad de Medellín albergará la sede operativa del programa en el país, funcionando como el epicentro estratégico para la coordinación de inteligencia militar con agencias internacionales.
La noticia ha desatado una inmediata tormenta política al interior de Colombia. Sectores de la oposición civil y legislativa han alzado la voz de alarma, denunciando que permitir el despliegue y la acción de tropas extranjeras armadas en el territorio nacional constituye una violación directa a la soberanía del país. Expertos constitucionales ya advierten que cualquier intervención militar de este tipo requiere de forma obligatoria la discusión y aprobación previa del Senado de la República, lo que anticipa una dura batalla legal y legislativa en las próximas semanas.
La Aurora de México